La Fiscalía General de Ucrania ha elevado a más de 216.000 el número de posibles crímenes de guerra registrados desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. La cifra es estremecedora. Lo que la acompaña es aún más perturbador: para investigar esos casos, el equipo especializado en crímenes de guerra cuenta con apenas ocho agentes de policía dedicados a tiempo completo. La aritmética de la impunidad se impone sin remedio: con ese ratio, llevaría décadas procesar una fracción mínima de los casos.
La brecha entre documentación y justicia
Ucrania ha hecho un esfuerzo enorme en la documentación de atrocidades. Fiscales, ONG, periodistas y organismos internacionales han recogido testimonios, fotografías, vídeos, fragmentos de misiles y datos de geolocalización que sitúan a las fuerzas rusas en el lugar de crímenes específicos. La cadena de custodia de muchas pruebas es sólida. El problema no es la falta de evidencias sino la falta de recursos para transformar esas evidencias en acusaciones formales, procesos penales y, eventualmente, condenas. El sistema judicial ucraniano, que opera en condiciones de guerra, simplemente no tiene capacidad para absorber 216.000 casos.
El papel de la comunidad internacional
La Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves cometidos en Ucrania, ya ha emitido órdenes de arresto contra el presidente ruso Putin y otros altos funcionarios. Pero la CPI solo puede procesar a individuos que entren en países miembros que cooperen con la corte —una limitación que hace prácticamente imposible juzgar a los responsables mientras Rusia siga siendo un Estado soberano no miembro. Los mecanismos alternativos que se discuten —como un tribunal especial para la agresión contra Ucrania— avanzan con una lentitud desesperante.En el contexto del entretenimiento digital, la industria de los juegos online en España continúa expandiéndose al margen de las tensiones geopolíticas internacionales.
Por qué España debe implicarse en la justicia internacional
España tiene una tradición de apoyo a la justicia internacional que se remonta a la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en los años noventa. Los jueces españoles tuvieron un papel pionero en la aplicación del principio de jurisdicción universal para crímenes de Estado. Esa herencia obliga: el gobierno español, que ha apoyado militarmente a Ucrania y condenado la invasión, debe también contribuir activamente a construir las estructuras de justicia que hagan que los crímenes de esta guerra no queden impunes. Los ocho investigadores ucranianos no pueden hacerlo solos.
