Fiscal General ruso Yuri Chaika. Foto de TASS
¿Qué opina sobre las últimas manifestaciones masivas y las tendencias de protesta en contra de los resultados de las elecciones parlamentarias?
Yuri Chaika: Vivimos en un país democrático donde cada ciudadano tiene derecho a expresar su opinión. Pero todo ello hay que hacerlo aplicando la ley de forma rigurosa. Es inadmisible que algunas personas utilicen a otras como meros instrumentos para conseguir sus propios fines políticos, muchas veces poco o nada honestos. El dinero para organizar todo esto con frecuencia proviene de fuentes que se encuentran fuera de Rusia.
Efectivamente, en las elecciones fueron detectadas algunas infracciones de la legislación. Todos estos hechos están siendo revisados no sólo por los fiscales, sino también por los organismos de instrucción. Puedo asegurarle que para cada uno de estos casos habrá una sentencia.
Las manifestaciones de la oposición transcurrieron sin incidentes dignos de mención, pero hubo enfrentamientos aislados con los representantes de la autoridad. ¿Ahora este tipo de acciones ya no se penalizan?
Mucha gente piensa en realidad que a partir del 8 de diciembre de 2011, después de la descriminalización de ciertas acciones delictivas que anteriormente eran juzgadas según los artículos 129 (calumnia) y 130 (afrenta) del Código Penal de Rusia, todo está permitido y nadie tiene ninguna responsabilidad sobre nada. Pero eso no es cierto.
Subsiste la responsabilidad tanto por afrentas como por calumniar, aunque ahora sean casos administrativos y no penales. Hay que decir que se trata de una carga bastante cuantiosa desde el punto de vista monetario.
También hay que tener en cuenta que en el Código Penal se sigue manteniendo el artículo 319, que implica responsabilidad penal por afrenta pública a un representante de la autoridad en situación de cumplimiento oficial de sus obligaciones, o en relación con el complimiento de las mismas.
Borís Abrámovich Berezovski dijo hace poco que estaba dispuesto a volver a Rusia si el Fiscal General deja de citarle. ¿Está de acuerdo con esta propuesta?
El Fiscal General no dejará de hacerlo porque tenemos preguntas que hacerle a Borís Abrámovich desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. En relación a él hay sentencias judiciales que han entrado en vigor de acuerdo con la legislación y tienen que cumplirse. Además, respecto a Berezovski se están investigando otros casos penales y no sólo en Rusia. De esta manera, tarde o temprano, tendrá que responder por lo que ha hecho.
Ahora en la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, son muy populares las llamadas redes sociales. ¿La Fiscalía General está al tanto de las nuevas tendencias en este ámbito?
La popularidad de las redes sociales, lamentablemente, muchas veces facilita las cosas a ciudadanos con tendencias extremistas. Por ello, los organismos de la Fiscalía observan regularmente Internet para detectar casos de distribución de materiales extremistas o terroristas. Los tribunales, luego de analizar las denuncias presentadas por los fiscales en contra de materiales presuntamente extremistas, adoptan sentencias para limitar el acceso a los mismos.
El año pasado, en una red social rusa muy popular fueron detectados varios grupos que formaban parte de una organización extremista prohibida por los tribunales. Ellos habían captado varios miles de personas y su número iba en aumento. Respecto a este hecho ha sido iniciada una causa penal por organizar la actividad de una organización extremista.
Sin embargo, la mayoría de estas páginas web siguen funcionando y publicando materiales prohibidos. Esto se debe, en principio, a que los servidores a través de los cuales se distribuye la información extremista se encuentran fuera de la jurisdicción rusa.
En el ámbito de la extradición y apoyo jurídico, la Fiscalía General coopera con organismos correspondientes de más de 80 estados, entre ellos los de la CEI, los miembros del Consejo de Europa y otros países. Recibimos desde el extranjero más de 2 mil solicitudes anuales de extradición de personas que se encuentran en Rusia, y nosotros enviamos a nuestros socios alrededor de 500 solicitudes de extradición a Rusia de personas presuntamente culpables de delitos penales o que tienen que cumplir condena. Además, por año se estudian y se resuelven alrededor de 6 mil solicitudes de ayuda jurídica para casos penales.
Se amplió la geografía de la cooperación. Existen tendencias positivas en las relaciones con una serie de Estados, entre otros el Reino Unido, los EE.UU. e Israel. Hemos podido regresar al país una serie de delincuentes fugados implicados en casos penales muy conocidos, con una difusión social importante y relacionados con delitos graves y muy graves.
Sin embargo, la Fiscalía General sigue encontrándose con problemas como las negaciones infundadas de extradición o la aplicación, por la parte a la que se envía la solicitud, de otras medidas preventivas no relacionadas con la detención de la persona buscada. Muchas veces ello imposibilita la extradición. Por otra parte, los largos plazos de estudio de las solicitudes rusas de extradición y apoyo jurídico imposibilitan los procesos penales debido a la prescripción del delito.
¿Cómo valoraría el trabajo de la Fiscalía durante el año pasado?
Entre las cuestiones prioritarias se encuentran los derechos civiles de los ciudadanos. Han sido restituidos los derechos de cientos de miles de personas. Una de cada cinco quejas recibidas ha sido satisfecha. En total fueron alrededor de tres millones de ciudadanos los que se han dirigido a las oficinas de la Fiscalía.
Hemos establecido muy buenas relaciones con muchos colegas europeos. Por ejemplo, el Reino Unido: por primera vez en la centenaria historia de las relaciones, este país tomó la decisión de llevar a cabo la extradición a Rusia de cuatro personas.
